El plan nacional de seguridad ciudadana anunciado por el gobierno aún no muestra sus frutos...
Una de las promesas de campaña del presidente del Perú, fue enfrentar de manera frontal el problema de la inseguridad ciudadana.
Durante su discurso final en la plaza de Armas de Trujillo se comprometió con el pueblo liberteño adoptar las medidas pertinentes para devolver el orden, la paz y la tranquilidad a las calles.
Muchos gritos, vivas y aplausos fueron lanzados al aire por una multitud esperanzada. Confiada en que pronto caminaría a cualquier hora por las calles de la ciudad como antes. Sin el menor temor.
A pocos días de ascender al poder, el mandatario formó un organismo dedicado a preservar la seguridad ciudadana, asignándole una partida de doscientos millones de soles.
Por su parte, el congreso tiene entre sus distintas comisiones una dedicada a dictaminar normas en el mismo sentido.
No obstante, a escasos días de cumplirse el medio año de vigencia de la flamante administración gubernamental, no hay signos de haber avanzado.
Para colmo de males, en su reciente visita a Trujillo. En un acto de extrema osadía, uno de los agentes de seguridad del mandatario sufrió la sustracción de su revólver.
Conste que la entidad competente de seguridad ciudadana del Parlamento ha presentado varios proyectos de ley, sin mayor éxito.
Entre ellos está el plan del desarme para que las personas que poseen armas de fuego sin autorización las devuelvan, bajo pena de arresto, pero no fue aprobada.
Esto coincide con el anuncio de la Dicscamec en el sentido que actualmente existen ciento noventa mil armas en circulación ilegal porque su licencia está vencida.
En vista de eso propone reducir de cinco a dos la cantidad de armas que puede tener una persona y que la licencia se renueve cada dos años en vez de cinco.
Los planteamientos están bien fundamentados. Sin embargo, falta la decisión parlamentaria para convertirlos en ley.
De otro lado, se informa que el ministerio del Interior gastó apenas el siete por ciento de su presupuesto correspondiente al año pasado.
Frente a esa inoperancia ejecutiva, la Policía Nacional adolece de patrulleros y equipamiento de última generación para actuar con eficiencia.
Además, debe considerarse la modificación de algunos dispositivos legales que favorecen abiertamente a las personas que viven al margen de la ley.
Sorprende que la inexplicable pasividad del gobierno y los organismos responsables, no permitan reducir el índice de violencia que la ciudadanía exige…
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